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Jueves, Octubre 4, 2018 - 13:56

La Fiscalía General de la Nación inició la segunda fase de la operación Acordeón que busca poner al descubierto las redes de corrupción que se habrían apoderado o desviaron recursos destinados exclusivamente para la prestación de los servicios públicos en la Costa Atlántica y el suministro de un bien vital para la comunidad, como es el agua potable.

En atención a las acciones previstas en esta estrategia institucional, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción resolvió la situación jurídica de directivos y exdirectivos de la empresa Inassa que hace parte del grupo empresarial Canal Isabel II y la Empresa de Servicios Públicos Triple A S.A. ESP., investigados por presuntas inconsistencias en el manejo de dineros y un aparente incremento patrimonial injustificado de los socios de las dos multinacionales en Colombia.

De acuerdo con el material probatorio que reposa en el expediente, se relacionan los hechos ocurridos desde el año 2000 hasta el 2017 en el que se detectaron aparentes pagos fraudulentos a través de un “contrato de asistencia técnica”, que habrían causado un detrimento patrimonial del orden de doscientos treinta y seis mil ochocientos cincuenta y tres millones setecientos noventa y seis mil cinco pesos ($236.853.796.005).

Dicho contrato se remonta al 4 de septiembre de 2000, cuando la empresa Inassa y Triple A S.A., acordaron la entrega del 4.5% del recaudo mensual de servicios domiciliarios de alcantarillado, acueducto y aseo, a cambio de una supuesta asistencia en gestión comercial, operativa, administrativa y técnica.

Las investigadores que trabajan en la operación Acordeón calculan que en 17 años de vigencia del mencionado contrato de asesoría se habrían pagado doscientos treinta y seis mil ochocientos cincuenta y tres millones setecientos noventa y seis mil cinco pesos ($236.853`796.005), valor que actualizado con el IPC al cierre de agosto del año 2018 superaría los trescientos veintinueve mil millones de pesos ( $329.000`000.000), una cifra cercana a lo que el distrito de Barranquilla recauda anualmente por el impuesto predial.

En cumplimiento de los parámetros establecidos en la Ley 600 de 2000 (antiguo Sistema Penal), la fiscal de conocimiento resolvió la situación jurídica de los sindicados, imponiendo medida de aseguramiento no restrictiva de la libertad, consistente en la prohibición de salir del país y multas de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes en contra de:

La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio adoptó la medida cautelar de embargo y secuestro con fines de extinción de dominio de las acciones de propiedad de la sociedad Inassa S.A. en la empresa Triple A, S.A, E.S.P, las cuales corresponden al 82% del capital de  esta última. El valor de dichas acciones, según cifras contable de la compañía, ascendería a los doscientos dos mil millones de pesos ($202.000.000.000).

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="es" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/ATENCI%C3%93N?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#ATENCIÓN</a> Operación Acordeón Fase II: <a href="https://twitter.com/hashtag/Fiscal%C3%ADa?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Fiscalía</a> impuso medida de aseguramiento contra directivos y exdirectivos de empresas <a href="https://twitter.com/hashtag/Inassa?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Inassa</a> y <a href="https://twitter.com/hashtag/TripleA?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#TripleA</a>. Redes de corrupción se habrían apoderado o desviado recursos destinados a prestación servicios públicos en Costa Atlántica <a href="https://t.co/90ybeC8LOu">pic.twitter.com/90ybeC8LOu</a></p>&mdash; Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) <a href="https://twitter.com/FiscaliaCol/status/1047898188772982784?ref_src=twsrc%5Etfw">4 de octubre de 2018</a></blockquote>
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