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19/11/2018 - 08:55
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Martes, Diciembre 12, 2017 - 15:24

Este ha sido un año desafortunado con la situación de Derechos Humanos, DD.HH, en el departamento de Nariño, pero además desconcertante, porque han sucedido todo tipo de atrocidades cuando estamos inmersos en el posconflicto y en un proceso de paz al cual esta región le apostó el todo por el todo.

Aparte de la muerte de líderes sociales, reinsertados de las Farc e integrantes de la comunidad indígena Awá, entre octubre y noviembre se registraron dos masacres, lo que ubica a nuestros departamento con las peores cifras de violación de los derechos humanos, y que obliga a todos los sectores sociales, económicos y políticos a hacer una evaluación, comprender esta cruda realidad y actuar para prevenir que este panorama continúe y se nos enquiste.

En el país en donde este año asesinaron hasta noviembre 78 líderes, según datos de la Acnur, Nariño también está entre los departamentos con crímenes. Recordemos que en esas muertes sistemáticas han caído importantes dirigentes como Jair Cortés, integrante del consejo comunitario Alto Mira y Frontera, en hechos registrados el 17 de octubre; Víctor Castillo, a quien lo acribillaron en mayo, luego de ser el facilitador para la desmovilización de 11 disidentes de las Farc en Tumaco; Jeny Montaño, dirigente comunitaria y religiosa ultimada a tiros cuando llegaba a su casa en el barrio Viento Libre, del puerto nariñense y Bernardo Cuero, a quien lo mataron dentro de su casa en Malambo, Atlántico, en donde residía después de salir huyendo de Tumaco por amenazas de muerte.

En medio de ese ambiente convulsionado el 5 de octubre se registró la masacre de 6 campesinos cocaleros en el sector de El Tandil, zona rural de Tumaco, durante una movilización en contra de la erradicación forzada de cultivos de coca en la zona de Alto Mira y Frontera. Este crimen de lesa humanidad, que unos días después dejó otro muerto entre los más de 20 heridos, fue atribuido a integrantes de la Policía y el Ejército que dispararon de manera indiscriminada contra los manifestantes, según un informe difundido por la Defensoría del Pueblo.

Días después de este desafortunado hecho el Ministerio de Defensa decidió separar del cargo a más de 100 miembros de la Policía, sin embargo hasta hoy no se ha emitido ninguna decisión judicial contra los responsables de esta masacre, que en medio del olvido tiende a quedarse en la impunidad.

El 27 de noviembre la muerte desencadenó toda su furia en una fiesta de cumpleaños en Pueblo Nuevo, zona rural de Magüí, piedemonte nariñense. En un enfrentamiento armado guerrilleros del Eln mataron a 13, entre disidentes de las Farc, que hacía parte de un grupo denominados Guerrillas del Pacífico, y una mujer en estado de embarazo. Días más tarde los elenos en un comunicado confirmaron su autoría, y el fin de semana anterior las Fuerzas Armadas del país señalaron que adelantan operativos especiales contra la estructura del Eln que mató a seis personas en Magüí, según confirmó el director de la Policía Nacional, general Jorge Nieto, quien maneja esa cifra oficial de muertes, pese a que la Defensoría del Pueblo confirmó que eran 13.

En ese homenaje a los derechos humanos que hacemos en el país vemos esa crisis humanitaria tan compleja en Nariño. Hemos sembrado los anhelos de paz, pero seguimos cosechando violencia, sobre todo en zonas del piedemonte y la costa como es el caso de Tumaco, en donde van 197 homicidios en lo corrido de este año, con una tasa de crímenes que supera a la nacional en más de 10 puntos.

No hemos podido desgarrarnos de esos rezagos del conflicto armado y las cifras de desplazamiento siguen en aumento (en los últimos meses con más de 1.500 personas desarraigadas), mientras nos aboca la incertidumbre de un futuro desalentador.

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