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Martes, Julio 3, 2018 - 07:57

Son diversos los casos que a lo largo del país presentan conflictos entre el Estado y los reclamantes de tierras. Pero no solamente por el proceso jurídico que requiere, sino por otro ingrediente que ahora aparece en escena, cuando les van a entregar los predios estos ya se encuentran invadidos por otras familias que se niegan a salir de ellos.

Esto pone en apuros a los organismos del Estado porque deben iniciar un lento y largo proceso para sacar estos invasores, mientras tanto las familias reclamantes tienen que continuar con su calvario en una travesía que se prolonga y se pone en riesgo una inversión multimillonaria.

CASOS

Campesinos a quienes se les adjudicó la finca Palmas de Chipilín, en el corregimiento Martinica en Montería, perdieron algunas de sus improvisadas casas hace tres meses en un incendio detrás del que, según las autoridades, estaría un grupo de invasores de tierras.

La finca, cuyo valor supera los 3.100 millones de pesos, fue adquirida por la Agencia Nacional de Tierras en octubre pasado para ser entregada a 45 familias de la Asociación Nacional de Campesinos (Anuc) de Córdoba, pero cinco meses después fue invadida por cerca de 100 familias

La agencia logró que las autoridades ordenaran el desalojo, y, aunque el procedimiento se llevó a cabo, en menos de tres días, los invasores regresaron.

En el caso de Palmas de Chipilín, la agencia compró la finca de 202 hectáreas el 30 de octubre del 2017 para entregársela a la Anuc. Pero mientras se hacía la organización y distribución de parcelas a 45 familias campesinas , otro número significativo de familias tomó el predio por vías de hecho, sacando de forma violenta a los adjudicatarios.

El pasado 13 de junio, funcionarios de la agencia, acompañados de la Policía, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, realizaron el desalojo, pero dos días después los invasores regresaron. Ahora, de acuerdo con la agencia, se debe iniciar nuevamente el proceso, que consiste en la presentación de una querella ante el inspector de policía para que cite a una audiencia de conciliación en la que se les pide a los invasores su retiro voluntario. Si la respuesta es negativa, se adelanta un nuevo desalojo.

Otro caso de invasión es el de seis predios de las haciendas San Joaquín, en Balboa, y El Carmen, en el Patía, Cauca, los cuales fueron adquiridos en enero de este año por la agencia para convertirlos en el hogar de 2.060 familias campesinas de Anuc. Hoy, esas familias no han podido establecerse en la propiedad porque integrantes de un consejo comunitario afro reclaman esa tierra y están impidiendo la llegada de los adjudicatarios.

Fuentes de la agencia dicen que la comunidad afro no se ha instalado completamente, pero impiden la adjudicación con el argumento de que las fincas están en territorio ancestral. Reuniones con líderes de la Mesa Afrocaucana no han logrado destrabar la situación en la que está en riesgo la inversión de 21.400 millones hecha por el Estado al comprar esas 1.950 hectáreas

No van a acceder en ningún momento a un programa de adjudicación de baldíos o de formalización de la tierra o de entrega de tierras por parte de la agencia

 

PRONUNCIAMIENTOS

Aunque no hay cifras oficiales sobre cuántas propiedades están invadidas, la Agencia de Tierras tiene registrados por lo menos tres casos emblemáticos que preocupan a las autoridades y podrían poner en riesgo el programa de formalización de tierras, que ya ha logrado adjudicar 1,5 millones de hectáreas.

El director de la Agencia de Tierras, Miguel Samper, ha dicho que quienes están invadiendo pueden quedar vetados para ser beneficiarios de los programas de adjudicación. “No van a acceder en ningún momento a un programa de adjudicación de baldíos o de formalización de la tierra o de entrega de tierras por parte de la agencia. Invadir no es la solución, en esta tierra tenemos que caber todos, pero no a la brava”.

Con 1’572.955 hectáreas formalizadas desde el nacimiento de la Agencia Nacional de Tierras, hace dos años, han sido beneficiadas 40.420 familias.

La entidad, cuyo propósito es poner orden a la propiedad rural a través de la adjudicación de tierra a campesinos que no tienen y la legalización de quienes hacen uso de ella pero no han formalizado esa situación, señala que hoy ya se han entregado 37.126 predios en todo el país.

 

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